Islas del Caribe ofrecen ciudadanía por inversión

El proyecto inmobiliario Kittitian Hill, en San Cristóbal, ha hecho unas 200 ventas a extranjeros a cambio de la ciudadanía.

Desde la crisis financiera global, diminutos países en el Caribe, como las islas de San Cristóbal y Nieves, Dominica y Granada, han tenido dificultades para atraer inversiones en bienes raíces que impulsen el sector turístico. Un método que estos países han encontrado para elevar su atractivo es la oferta de ciudadanía. Varios de estos países caribeños han seducido de esta forma a personas ricas de China, Rusia, Medio Oriente y Estados Unidos, quienes han invertido US$200.000 o más en cada una en desarrollos inmobiliarios en la región. Estos inversionistas han ayudado a financiar nuevos proyectos de resorts de grandes empresas hoteleras como Hilton, Hyatt y Four Seasons. A cambio de comprar una unidad residencial o una participación en algún proyecto, los propietarios obtienen la ciudadanía local. Debido a que muchos provienen de países que imponen restricciones para viajes internacionales, los nuevos pasaportes les permiten visitar más de 100 países, entre ellos gran parte de Europa, sin tener que sacar una visa. En el caso de los estadounidenses, el atractivo es la reducción de sus impuestos.

Estos programas no son un concepto nuevo. EE.UU. tiene las visas EB-5, que otorgan la residencia a extranjeros que inviertan al menos US$500.000 en proyectos empresariales que generen empleos. El Caribe, sin embargo, se está convirtiendo en el nuevo lugar de moda para los llamados programas de ciudadanía por inversión, en parte porque el proceso para obtenerla es más ágil que en otras partes del mundo. Algunos gobiernos temen no poder alcanzar relevancia empresarial sin estos programas.

“Nos dimos cuenta de que nos estábamos volviendo menos competitivos con los desarrolladores inmobiliarios al no contar con un programa de ciudadanía por inversión”, dice Ernest Hilaire, presidente de la junta del programa de Santa Lucía. El país isleño comenzará a aceptar solicitudes a partir del primero de enero, sumándose así a San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, y Antigua y Barbuda, entre otros países del Caribe.

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